
Sin embargo, este esquema de adquisición no está exento de **riesgos inherentes**. El principal es el **incumplimiento en los plazos de entrega**. A pesar de la implementación de metodologías ágiles y plataformas de gestión de proyectos como Last Planner System o Procore, factores externos como fluctuaciones en los precios de materiales, escasez de mano de obra calificada, o demoras en la obtención de permisos municipales —aún no completamente digitalizados en todas las comunas— pueden impactar significativamente la fecha pactada. Un estudio comparativo con el mercado de la construcción en Argentina revela que la volatilidad macroeconómica puede exacerbar estos retrasos, un factor que Chile, aunque más estable, no puede ignorar. Otro riesgo crítico es la **solvencia de la inmobiliaria o constructora**. La quiebra de la empresa desarrolladora puede generar pérdidas significativas para el comprador. La legislación chilena (DFL-2 y Ley N°19.496) exige garantías bancarias o pólizas de seguro en las ventas en verde, aunque la evaluación de la solidez financiera del promotor sigue siendo una diligencia crucial. La **modificación unilateral del proyecto** por parte de la inmobiliaria, alterando superficies, materiales o incluso la distribución prometida en los planos iniciales, representa otra fuente de conflicto. Finalmente, la **desvalorización del mercado**; si bien se proyecta un alza, eventos económicos inesperados podrían generar una plusvalía menor a la esperada o, en escenarios extremos, una desvalorización al momento de la entrega, un riesgo que la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos de análisis de mercado están comenzando a mitigar, pero no eliminar.
Para mitigar estos vectores de riesgo, la **perspectiva tecnológica** se vuelve indispensable. La realización de un **due diligence digital** exhaustivo, que incluya el análisis de la reputación online del desarrollador, el historial de proyectos entregados y la revisión de certificaciones de calidad y sostenibilidad, es fundamental. La adopción de **contratos inteligentes (smart contracts)** basados en tecnología blockchain emerge como una proyección a largo plazo para asegurar la transparencia de los hitos de pago y entrega, reduciendo disputas. Además, el monitoreo constante del avance de obra mediante **plataformas IoT (Internet de las Cosas)**, drones para inspecciones visuales periódicas y la entrega de actualizaciones en tiempo real a los compradores a través de portales digitales o ‘gemelos digitales’ del proyecto, aumentan la transparencia y la confianza. La estandarización de estos procesos, junto con una regulación que contemple las particularidades de la digitalización del sector, será clave para consolidar la compra ‘en pozo’ como una opción de inversión segura y eficiente en el Chile del 2025 y más allá.