El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó modificaciones en el régimen de obra pública a través del Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial el 12 de junio de 2026. La actualización reglamenta la Ley 6.021 y responde a los ajustes previstos en la Ley de Presupuesto 2026, con el propósito de optimizar los procesos administrativos vinculados a contratos, ejecución y financiamiento de proyectos públicos.

Cambios en el Consejo y en los criterios de adjudicación

El decreto redefine el papel del Consejo de Obras Públicas, que tendrá una función exclusivamente técnica previa a las licitaciones, enfocándose en la validación de proyectos, planos, pliegos y presupuestos oficiales. Manteniendo el precio como criterio principal para determinar la oferta más conveniente, la normativa permite que los pliegos incorporen factores adicionales tales como calidad técnica, capacidad empresarial, solvencia económica y criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Regulación de modificaciones contractuales y contratación directa

Se establecen nuevas disposiciones para las modificaciones durante la ejecución de las obras, incluyendo incorporación de nuevos ítems, ampliación de trabajos, cambios en los plazos y atención a situaciones imprevistas. Además, se habilita la posibilidad de prórroga de contratos vigentes cuando existan causas justificadas que impidan cumplir con el plan inicial. En cuanto a la contratación directa, se actualizan los criterios para su aplicación y se introduce una unidad de medida basada en el valor del metro cuadrado de construcción, la cual será fijada periódicamente por la autoridad competente.

Aspectos financieros y aplicación gradual

En materia financiera, el decreto confirma la obligación de prever créditos suficientes para obras que se extienden en varios años. Asimismo, establece que los pagos a contratistas deberán efectuarse exclusivamente a través de cuentas bancarias habilitadas a nombre de los adjudicatarios. Las modificaciones aplicarán de forma escalonada: las disposiciones referidas a la contratación entrarán en vigor para licitaciones que aún no hayan abierto ofertas, mientras que las reglas relativas a la ejecución alcanzarán a los contratos en curso.