
10/09/2025 l Obra pública
Históricamente, la agricultura urbana se ha desarrollado a menudo de manera espontánea, impulsada por la necesidad o la militancia ambiental. Sin embargo, lo que observamos en los últimos años es un giro institucional hacia la provisión de infraestructura básica: desde sistemas de riego eficientes alimentados por aguas grises tratadas hasta la habilitación de azoteas verdes productivas, pasando por la edificación de invernaderos comunitarios con acceso controlado. Estas intervenciones, enmarcadas en la categoría de obra pública, no solo proporcionan los medios físicos para cultivar, sino que también estructuran la gestión de residuos orgánicos a través de plantas de compostaje descentralizadas, cerrando así un ciclo virtuoso que mejora la calidad del suelo urbano y reduce la carga sobre los sistemas de recolección municipales.
La proyección para 2030 indica un aumento sustancial en la inversión pública en este tipo de infraestructura en Latinoamérica. Se estima que, a medida que las políticas de desarrollo urbano se alineen con los objetivos de resiliencia climática y equidad social, veremos una expansión de modelos que integran la acuaponía en edificaciones públicas, la creación de redes de distribución de proximidad, y la formalización de mercados de productores locales directamente vinculados a estas infraestructuras. Los desafíos incluyen la asignación de suelo en densos entornos urbanos, la gestión del agua en contextos de estrés hídrico y la capacitación técnica continua; sin embargo, el beneficio social, económico y ambiental de una menor huella de carbono, una dieta más fresca y accesible, y una mayor cohesión comunitaria, justifican con creces esta dirección en la obra pública. Es un camino hacia ciudades más autosuficientes y justas.