Confrontación Constructiva: Ladrillo, Cemento y Paneles en el Siglo XXI

09/11/2025|Interés General

Desde la solidez milenaria del hormigón hasta la agilidad modular del sistema en seco: Un recorrido por sus implicancias jurídicas, económicas y técnicas en el Mercosur.

Desde los albores de la civilización, la edificación ha sido un pilar fundamental para el desarrollo humano, reflejando no solo capacidades técnicas sino también marcos culturales y regulatorios. En la Argentina y el resto del Mercosur, el debate sobre los métodos constructivos tradicionales y los sistemas en seco ha trascendido la mera elección estética o funcional para posicionarse como un punto de análisis crucial en términos de normativa, eficiencia y durabilidad. La elección de un sistema constructivo hoy, más que nunca, implica una evaluación exhaustiva de sus ventajas y desventajas inherentes, ponderando su adecuación a un entorno legal en constante evolución y a las expectativas de un mercado cada vez más exigente en cuanto a calidad y desempeño.

Confrontación Constructiva: Ladrillo, Cemento y Paneles en el Siglo XXI

La construcción tradicional, anclada en el uso de mampostería, hormigón y procesos húmedos, ha sido durante siglos la columna vertebral del sector en nuestra región. Su prevalencia se justifica por una arraigada tradición, la disponibilidad de materiales y una normativa técnica y jurídica consolidada. En Argentina, se estima que hasta el 85% de la construcción residencial aún emplea métodos húmedos, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), lo que demuestra su profunda inserción. Sus virtudes residen en una percibida solidez estructural y una vasta experiencia acumulada en el manejo de sus patologías y soluciones, aspectos que han moldeado la jurisprudencia en materia de responsabilidad profesional y garantías constructivas.

Sin embargo, la última década ha sido testigo del creciente ascenso de los sistemas de construcción en seco, como el Light Steel Framing (LSF), Wood Frame o paneles prefabricados. Estos métodos, caracterizados por la mínima utilización de agua, la prefabricación de componentes y un montaje más ágil, prometen eficiencias significativas. Países como Chile han experimentado un incremento anual del 5% en el uso de LSF en vivienda en la última década, mientras que en Uruguay, los sistemas industrializados ya representan cerca del 15% del mercado habitacional, conforme a informes de consorcios especializados. Estas cifras, si bien alentadoras en cuanto a la optimización de recursos y tiempos –con reducciones de hasta el 30-40% en los plazos de obra–, plantean desafíos sustanciales desde una perspectiva jurídica y normativa.

El marco regulatorio vigente en gran parte del Mercosur fue diseñado bajo el paradigma de la construcción tradicional. La adaptación de los códigos de edificación locales y nacionales para contemplar las particularidades de los sistemas en seco es una tarea pendiente y crucial. Aspectos como la resistencia al fuego, el aislamiento termoacústico, la durabilidad de los materiales no convencionales y los criterios para el cálculo estructural requieren actualizaciones y homologaciones rigurosas. La responsabilidad civil de los profesionales y las empresas constructoras, así como las pólizas de seguro de vicios ocultos y todo riesgo, deben ser reevaluadas para adecuarse a la trazabilidad de componentes y la menor ‘mano de obra in situ’. La falta de uniformidad en los criterios de certificación y habilitación entre los países del Mercosur también emerge como una barrera, limitando la integración y la estandarización regional.

Desde el punto de vista económico, la construcción tradicional, si bien demanda una mayor cantidad de mano de obra ‘húmeda’ y plazos de ejecución más prolongados que inciden en los costos financieros, se beneficia de cadenas de suministro y mercados de materiales plenamente establecidos. Los sistemas en seco, por su parte, pueden implicar una inversión inicial en materiales específicos o en la tecnificación de la mano de obra, pero ofrecen ahorros significativos en tiempos de obra, reducción de desperdicios y, potencialmente, en costos operativos a largo plazo debido a su mayor eficiencia energética intrínseca.

Desde una visión conservadora, “Arquitecturar” subraya que la convivencia de ambos sistemas no debe ser vista como una confrontación excluyente, sino como una complementariedad enriquecedora. La clave reside en la profesionalización de la mano de obra, la inversión en investigación y desarrollo, y, fundamentalmente, en la consolidación de un marco jurídico y normativo que garantice la seguridad estructural, la calidad constructiva y la durabilidad de las edificaciones, independientemente del método empleado. El camino hacia una mayor adopción de sistemas constructivos avanzados en el Mercosur debe ser gradual, sustentado en la experiencia probada, la certificación rigurosa de los materiales y un consenso regulatorio sólido que proteja tanto a los inversores como a los usuarios finales.