El gobierno nacional abrió sobres para adjudicar concesiones privadas en varias rutas nacionales, incluida la Ruta 226. El tramo ‘Sur-Atlántico-Acceso Sur’, que atraviesa Tandil y tiene una extensión de 1.325 kilómetros, fue adjudicado inicialmente a un consorcio conformado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la licitación y adelantó posibles impugnaciones al proceso.

Adjudicación y condiciones del contrato

El consorcio ganador presentó la oferta con la tarifa de peaje más baja: $997 más IVA, lo que equivale a un precio final de $1.206. La concesión incluye la gestión y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas, subdivididos en dos tramos: el ‘Sur-Atlántico-Acceso Sur’ y el ‘Pampa’, de casi 550 kilómetros. La actual concesionaria estatal, Corredores Viales, será disuelta una vez que las nuevas empresas asuman el control.

Obras comprometidas y observaciones de Estrellas Amarillas Tandil

Según los pliegos de Vialidad Nacional, la concesionaria deberá ejecutar varias obras: una pasarela peatonal en Sierra de los Padres, una colectora entre los kilómetros 163 y 164,1, y la semaforización de la traza urbana de Tandil entre los kilómetros 162,7 y 171,7. La organización Estrellas Amarillas Tandil valoró la incorporación de estas mejoras, aunque expresó preocupación por los plazos, dado que durante el primer año sólo se realizarán tareas de bacheo y mantenimiento, con obras estructurales que comenzarían a partir del segundo y tercer año.

Cuestionamientos de la Provincia de Buenos Aires y posibles impugnaciones

La empresa estatal bonaerense Aubasa quedó excluida del proceso licitatorio por la resolución 537/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Desde la Provincia denunciaron que se modificaron 33 de 34 artículos en los pliegos cuando la contratación ya estaba en marcha, y solicitaron la intervención de las Defensorías del Pueblo como veedores. Fuentes provinciales no descartaron que estas discrepancias desemboquen en acciones judiciales para impugnar la adjudicación.