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Contratación Pública y Cadenas de Valor: Un Análisis Estratégico para Uruguay

|Obra pública
Examinamos la creciente presión para priorizar proveedores nacionales en la obra pública, sopesando beneficios macroeconómicos y riesgos operativos y competitivos en el contexto de 2025.
Contratación Pública y Cadenas de Valor: Un Análisis Estratégico para Uruguay
El entramado de la obra pública, motor tradicional de desarrollo e infraestructura, se encuentra bajo un escrutinio creciente respecto a su capacidad para catalizar beneficios más allá de la mera construcción. En un escenario económico global fluctuante, la noción de apalancar las compras estatales para robustecer el tejido productivo nacional y estimular el empleo ha escalado posiciones en la agenda política y empresarial de Uruguay. La discusión actual en 2025 no solo se centra en la eficiencia de la inversión pública, sino también en su impacto multiplicador, priorizando la incorporación de ‘valor local’.

Esta estrategia, si bien atractiva por su potencial para dinamizar la economía interna y generar puestos de trabajo, requiere un enfoque cauteloso y meditado desde la perspectiva empresarial. La presión por integrar cláusulas de preferencia local o de contenido nacional en las licitaciones públicas es palpable. Países como Estados Unidos, con su centenario ‘Buy American Act’, o la Unión Europea, que equilibra el mercado único con instrumentos como el ‘Small Business Act’, han demostrado la complejidad de estas políticas. Naciones en desarrollo como India o Brasil también han implementado mecanismos de preferencia, a menudo con resultados mixtos que van desde el fomento industrial hasta la generación de ineficiencias y sobrecostos. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 2024 destacó que, si bien las políticas de contenido local pueden ser herramientas válidas para el desarrollo, su éxito depende críticamente de la existencia de capacidades industriales y tecnológicas internas que puedan responder a la demanda sin sacrificar competitividad ni calidad.

Contratación Pública y Cadenas de Valor: Un Análisis Estratégico para Uruguay
Desde la perspectiva de las empresas que operan en el sector de la Arquitectura y Construcción en Uruguay, la implementación de políticas de compras públicas con fuerte valor local presenta un arma de doble filo. Por un lado, puede abrir oportunidades significativas para proveedores y contratistas nacionales, especialmente las PYMES, al reducir la competencia de actores internacionales en ciertos segmentos. Esto podría fomentar la inversión en capacidad productiva y la formación de capital humano especializado. Sin embargo, la imposición de porcentajes mínimos de componentes o mano de obra uruguaya, sin una evaluación rigurosa de la disponibilidad, calidad y costo de dichos insumos, podría generar cuellos de botella. Datos recientes de la Cámara de la Construcción del Uruguay para el primer trimestre de 2025 indican que, en sectores específicos de alta tecnología o materiales especializados, la dependencia de importaciones sigue siendo considerable.

El riesgo inherente es que una aplicación precipitada o poco granular de estas políticas derive en un incremento de los costos de los proyectos de infraestructura, mermando la eficiencia de la inversión pública y, en última instancia, afectando el valor entregado al contribuyente. Un estudio comparativo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2023 sobre proyectos en América Latina señaló que políticas de contenido local mal diseñadas pueden aumentar los costos entre un 15% y un 30% en comparación con licitaciones internacionales abiertas. Para Uruguay, el desafío radica en diseñar marcos regulatorios que promuevan la participación local de manera transparente y competitiva, que definan claramente qué se entiende por ‘valor local’ (mano de obra, materiales, ingeniería, I+D) y que establezcan mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que los beneficios esperados superen los posibles costos transaccionales o de oportunidad. La meta no debe ser la sustitución de la competencia, sino la potenciación estratégica de la cadena de valor nacional en un marco de prudencia económica y calidad constructiva.