
Datos recientes del Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) revelan un incremento del 15% en la demanda de servicios básicos en comunas con alta concentración migrante en los últimos tres años, evidenciando la urgencia de estas intervenciones. La perspectiva de cara a 2030 sugiere una profundización de estas tendencias, proyectando la necesidad de optimizar la eficiencia hídrica y energética en nuevos desarrollos de infraestructura, así como la implementación de soluciones de ‘smart city’ que permitan una gestión más ágil y personalizada de los servicios públicos. Esta visión se alinea con la experiencia de países vecinos del Mercosur; Brasil, por ejemplo, ha desarrollado programas de urbanización de asentamientos informales con un fuerte componente de participación ciudadana y adaptabilidad cultural para migrantes internos y regionales. Argentina, por su parte, ha puesto énfasis en la descentralización de servicios públicos en grandes conurbaciones para aliviar la presión sobre los centros históricos, una estrategia replicable en ciudades chilenas como Santiago o Antofagasta.
La academia y los organismos internacionales, como la CEPAL, subrayan la importancia de una planificación estratégica que considere no solo la cantidad, sino la calidad y el acceso equitativo a estos dispositivos. El consumidor final, sea residente de larga data o recién llegado, se beneficia de una ciudad más resiliente y equitativa, donde la obra pública es un reflejo de una sociedad que entiende la migración no como una carga, sino como una fuerza transformadora y enriquecedora para el desarrollo urbano. El desafío es transformar estas presiones en oportunidades para forjar ciudades más inclusivas y funcionales para todos sus habitantes.