El proyecto de presupuesto 2027 incluye un giro en la política de obra pública: ante la falta de recursos, el Gobierno nacional plantea trasladar a las provincias la ejecución, el financiamiento pendiente y el mantenimiento de buena parte de la infraestructura. La medida se formalizó mediante convenios firmados con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses. Según el texto oficial, de un total de 2339 obras relevadas,...

Contexto del proyecto

El proyecto de presupuesto 2027 incluye un giro en la política de obra pública: ante la falta de recursos, el Gobierno nacional plantea trasladar a las provincias la ejecución, el financiamiento pendiente y el mantenimiento de buena parte de la infraestructura. La medida se formalizó mediante convenios firmados con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses.


Según el texto oficial, de un total de 2339 obras relevadas, 1683 fueron dadas de baja o están en proceso de rescisión, 457 fueron transferidas o se encuentran en proceso de transferencia a provincias y municipios, y solo 199 permanecen bajo gestión nacional, de las cuales 55 ya están terminadas.

Alcance de la obra

El proyecto alcanza más de $1 billón en obras geolocalizadas en las provincias, mayoritariamente en rutas nacionales. Para este año, las transferencias de capital a provincias representaron apenas el 1% de lo efectivamente girado, pese a que la Nación había previsto recuperar parte de la inversión tras el ajuste de 2024 y 2025.


Como complemento, el Gobierno habilita mecanismos de financiamiento y avales del Tesoro para facilitar el acceso al crédito de algunas jurisdicciones, sin que esto implique transferencias directas de recursos. La distribución de garantías incluye: Córdoba, hasta US$530 millones; Santa Fe, hasta US$300 millones; Corrientes, hasta US$150 millones; Chaco, hasta US$120 millones; San Juan, US$100 millones; Neuquén, US$20 millones; y Mendoza, hasta 100 millones de euros.

Impacto esperado

El ministro de Economía también mantiene abierta la posibilidad de compensar deudas recíprocas entre la Nación y las provincias mediante quitas, esperas, compensaciones y otras formas de cancelación. Según el proyecto, 21 jurisdicciones ya adhirieron a acuerdos que involucran $3,7 billones en obligaciones cruzadas y 37 litigios en danza.


El planteo se da en el marco de reclamos de los gobernadores por infraestructura y en paralelo a las negociaciones por la reforma política, mientras las partidas específicas para obra pública no muestran recomposición para el próximo ejercicio.