El Gobierno nacional tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso. El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y, según fuentes oficiales, aguarda la firma presidencial antes de ser remitido al Poder Legislativo. Entre los puntos de mayor relevancia para el sector constructor y proveedor se destacan tres ejes. El primero es el sistema financiero....
Contexto del proyecto
El Gobierno nacional tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso. El texto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y, según fuentes oficiales, aguarda la firma presidencial antes de ser remitido al Poder Legislativo.
Entre los puntos de mayor relevancia para el sector constructor y proveedor se destacan tres ejes.
Alcance de la obra
El primero es el sistema financiero. El proyecto digitaliza los regímenes de prendas y warrants, habilita expresamente el uso de activos virtuales —como criptomonedas— como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales, y crea un registro federal unificado de garantías. El Gobierno sostiene que estas medidas facilitarán el acceso al crédito y reducirán costos administrativos en las operaciones.
El segundo eje es la navegación y el cabotaje. La iniciativa busca reinstalar por vía legislativa parte de los cambios del DNU 340/2025 —rechazado por el Congreso—, que habilitaba la apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras mediante permisos temporarios. El oficialismo argumenta que la medida reducirá costos logísticos y mejorará la competitividad exportadora.
Impacto esperado
El tercer punto afecta al mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los requisitos actuales restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona intermedie en operaciones de compraventa o locación.
El paquete también incluye modificaciones en arrendamientos rurales, medicamentos, libros, garrafas, vitivinicultura, traductores públicos y cooperativas. Un borrador previo incluía un pedido de facultades delegadas por seis meses, pero fuentes de la Presidencia descartaron esa alternativa.
