El Mandato BIM en Obra Pública: Desafíos Legales en el Horizonte

25/02/2026|Obra pública

La adopción obligatoria de Building Information Modeling en licitaciones estatales redefine el paisaje contractual y las responsabilidades, planteando una urgente necesidad de adaptación jurídica y operativa a nivel regional.

La brújula de la contratación pública en nuestra región ha girado con decisión hacia la digitalización, marcando un rumbo ineludible para el sector. El Building Information Modeling (BIM), otrora una herramienta de vanguardia para unos pocos, se consolida rápidamente como un pilar normativo fundamental en los proyectos estatales. Este tránsito de la recomendación a la exigencia plantea un escenario de profunda reflexión y acción, especialmente desde una óptica jurídica, donde los marcos regulatorios y las responsabilidades contractuales se redefinen a pasos agigantados. La adopción de BIM en la obra pública no es ya una cuestión de preferencia o eficiencia aislada, sino un mandato que interpela a todos los actores involucrados, desde la administración hasta los oferentes y ejecutores, demandando una comprensión cabal de sus implicaciones legales.

El Mandato BIM en Obra Pública: Desafíos Legales en el Horizonte

El camino hacia la plena implementación de BIM en la obra pública no está exento de obstáculos, muchos de ellos anclados firmemente en la esfera legal. La legislación actual, o aquella en vías de promulgación, busca establecer un piso de cumplimiento que garantice la interoperabilidad, la transparencia y una eficiencia largamente anhelada. Sin embargo, este marco normativo genera desafíos significativos que deben ser abordados con celeridad: ¿Cómo se ajustan los pliegos de licitación para especificar los requerimientos BIM de manera inequívoca y evitar ambigüedades contractuales? ¿Cuál es el alcance exacto de la responsabilidad de cada parte en la generación, gestión y actualización de la información del modelo a lo largo del ciclo de vida del proyecto? Estas son preguntas que demandan respuestas claras, un desarrollo jurisprudencial coherente y una proactiva labor de interpretación por parte de los operadores jurídicos y técnicos.

Las entidades públicas, por su parte, se enfrentan al imperativo de capacitar a su personal no solo en el uso de las herramientas, sino primordialmente en la interpretación y exigencia de los entregables BIM, además de adaptar sus procesos internos de fiscalización, recepción de obras y gestión de activos. Para las empresas constructoras y los estudios de arquitectura e ingeniería, la adecuación no es meramente tecnológica; implica una revisión exhaustiva de sus estructuras contractuales, sus pólizas de seguro y sus estrategias de gestión de riesgos. La propiedad intelectual de los modelos, la confidencialidad de la información y la gestión de las múltiples versiones de los datos se convierten en puntos críticos que deben ser abordados con precisión legal desde el inicio de cada proyecto, a fin de mitigar futuros conflictos.

Mirando al corto plazo, se vislumbra una intensificación en la fiscalización del cumplimiento de los requisitos BIM en las licitaciones públicas. Aquellos actores que no logren alinear sus procesos y capacidades con estas nuevas exigencias normativas correrán el riesgo tangible de quedar excluidos de un segmento crucial del mercado de obra pública. La estandarización de los protocolos de entrega de información y la homologación de las competencias profesionales, respaldadas por marcos legales sólidos, serán vitales para evitar litigios costosos y garantizar la fluidez en la ejecución de los proyectos. La comunidad jurídica y técnica tiene el reto compartido de colaborar en la creación de guías claras y modelos contractuales adaptados que faciliten esta transición, anticipando posibles controversias y promoviendo una cultura de cumplimiento que impulse la modernización de la infraestructura regional sin sacrificar la indispensable seguridad jurídica de todas las partes involucradas.