Un juzgado federal con asiento en Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional la reparación inmediata de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe. La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo y se sustenta en el grave deterioro comprobado de las calzadas y el incumplimiento de los...
Contexto del proyecto
Un juzgado federal con asiento en Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional la reparación inmediata de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe. La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo y se sustenta en el grave deterioro comprobado de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.
El juez federal a cargo del caso determinó que las distintas reparticiones responsables de los corredores viales ‘han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación’, generando una situación de peligro para los usuarios.
Alcance de la obra
Sobre la Ruta Nacional 33, el fallo describe la presencia de ‘importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos’ que implican ‘un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios’. La propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había reconocido ese estado crítico en una nota interna, lo que derivó en una licitación adjudicada a la empresa Rovial S.A. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas al no autorizarse las partidas presupuestarias necesarias para continuar. El magistrado consideró que los trabajos de bacheo en frío realizados en el tramo entre Venado Tuerto y Murphy resultaron insuficientes.
Respecto de las rutas 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A., el fallo señala que no se acreditaron tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo. En el caso de la Ruta 8, la DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de la concesionaria.
Impacto esperado
El juez rechazó el argumento de que el proceso de cambio de concesionarias eximía al Estado de sus obligaciones. La orden alcanza al Estado Nacional, que deberá garantizar las obras a través de Vialidad, del organismo que la reemplace o de las empresas concesionarias correspondientes.
