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Infraestructura Pública: Adaptación Necesaria y Costos de la Inacción
31/08/2025 l Obra pública
El sector de obras públicas en Argentina y el mundo evalúa la urgencia de redefinir prioridades frente a eventos extremos y nuevas exigencias climáticas, marcando una nueva era de inversión estratégica.
La última década ha solidificado una verdad ineludible para el sector de la construcción y las finanzas públicas: la variación climática ya no es una amenaza lejana, sino un factor omnipresente que redefine el cálculo de riesgos y la planificación de infraestructuras. Desde las crecidas históricas en la cuenca del Paraná hasta sequías prolongadas en regiones productivas, Argentina ha experimentado en primera persona los efectos de un clima en mutación. Esta realidad, lejos de ser un mero apéndice en la agenda política, se ha consolidado como un driver fundamental para la inversión en obras públicas, empujando a los actores del mercado a reevaluar modelos y estrategias bajo una óptica de resiliencia y anticipación.
Históricamente, la planificación de obras públicas a menudo consideraba escenarios climáticos con una variabilidad acotada. Sin embargo, la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos como olas de calor, tormentas severas e inundaciones demandan una revisión profunda. La perspectiva de mercado es clara: la inacción no solo representa un riesgo ambiental y social inaceptable, sino un pasivo económico creciente. Estudios recientes de entidades como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estiman que el costo global de no adaptar las infraestructuras podría superar el 1% del PIB mundial anualmente hacia 2050, una cifra que excede con creces las inversiones preventivas necesarias.
En Argentina, esta reevaluación se traduce en la necesidad imperante de reforzar y sobredimensionar diques, mejorar sistemas de drenaje urbano con capacidad superior, modernizar redes viales para soportar eventos extremos y desarrollar infraestructura hídrica más eficiente, como embalses multifunción o sistemas de recarga de acuíferos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus últimas proyecciones para América Latina, subraya la creciente presión sobre los presupuestos nacionales para financiar proyectos de infraestructura con componentes de resiliencia climática. Las empresas constructoras y consultoras que puedan ofrecer soluciones con valor agregado en ingeniería adaptativa, uso de materiales resilientes y modelado predictivo, están posicionándose favorablemente en un nicho de mercado en expansión. La calificación de riesgo de proyectos y la obtención de financiación, tanto pública como privada, comienzan a ponderar de manera más significativa la robustez climática de las propuestas.
A nivel internacional, ejemplos como los Países Bajos con sus ambiciosos “programas de espacio para el río” o ciudades costeras en Estados Unidos que invierten miles de millones en defensas contra el aumento del nivel del mar y barreras contra tormentas, ilustran la magnitud de los desafíos y las soluciones posibles. Estos proyectos no solo implican ingeniería civil avanzada, sino también una profunda integración con planificación urbana, gestión de recursos naturales y participación comunitaria. La Unión Europea, a través de sus fondos de recuperación post-pandemia, ha priorizado la infraestructura verde y la adaptación climática, enviando una señal inequívoca sobre la dirección de las inversiones globales.
Para los próximos 10 a 15 años, se proyecta un incremento sostenido en la demanda de proyectos de infraestructura ‘climate-proof’. Esto incluye desde obras de protección costera y fluvial, hasta el desarrollo de redes energéticas más resilientes frente a eventos extremos y la optimización de sistemas de gestión de aguas pluviales y residuos. El desafío para el sector público argentino radica en la capacidad de generar marcos regulatorios estables y planes de inversión a largo plazo que trasciendan los ciclos políticos, asegurando la continuidad de estas obras críticas. Desde la óptica del mercado, la transparencia en la adjudicación de obras, la promoción de asociaciones público-privadas robustas y la definición de métricas claras para la resiliencia climática serán cruciales para atraer la inversión privada necesaria. La adaptación no es una opción, sino una condición ineludible para el desarrollo económico sostenible, y el sector de obras públicas se encuentra en el epicentro de esta transformación.
