Un reporte crítico sobre la disparidad en la inversión y la planificación estratégica de recintos deportivos y recreativos que ponen en jaque el desarrollo de las juventudes y el deporte amateur en regiones clave de Chile.
Mientras las ciudades chilenas buscan proyectar una imagen de dinamismo y futuro, un análisis minucioso de sus entrañas revela una carencia estructural que amenaza el potencial de su capital humano más valioso: la juventud. En 2025, la provisión de espacios públicos destinados a las juventudes y al deporte amateur se erige como un indicador crítico de la visión estratégica de nuestras administraciones regionales. Lejos de la homogeneidad deseada, el panorama actual exhibe una fragmentación preocupante y una notoria disparidad geográfica que, más que fomentar un desarrollo equitativo, acentúa las brechas competitivas entre las regiones chilenas.
La inversión en infraestructura pública para este segmento demográfico, vital para la cohesión social y la salud pública, ha sido históricamente errática y, en muchos casos, desprovista de una planificación integral y prospectiva. Datos recientes del Observatorio Urbano y Regional de Chile (OUR), actualizados a fines de 2024, revelan que mientras la Región Metropolitana ostenta un promedio de 2.8 m² de infraestructura deportiva y recreativa por habitante joven (12-29 años), regiones como La Araucanía o Aysén apenas superan los 0.9 m² en la misma categoría. Esta brecha no es meramente numérica; representa una deficiencia en la capacidad de estas últimas regiones para ofrecer entornos que promuevan la actividad física, la sana competencia y el desarrollo de talentos, perpetuando así un ciclo de desventaja. La ausencia de diseños polivalentes y de bajo mantenimiento, la escasa consideración de las tendencias emergentes en deportes urbanos y la falta de participación juvenil en el proceso de diseño son falencias recurrentes. El resultado son equipamientos subutilizados o inadecuados, que distan de los estándares observados en economías emergentes con visiones más ambiciosas. Urge una reorientación estratégica que entienda la infraestructura pública no como un gasto, sino como una inversión crítica en el capital social y humano, fundamental para la competitividad regional en el escenario global.