Análisis estratégico sobre la inversión en obras públicas que demanda el sector agroindustrial para optimizar su inserción en los mercados globales.
La pampa húmeda argentina, junto a sus vastas extensiones productivas en el norte y la Patagonia, constituyen el nervio motor de nuestra economía exportadora. Sin embargo, la capacidad de estas regiones para desatar su pleno potencial productivo se ve intrínsecamente ligada a la robustez de su infraestructura. Lejos de ser un mero gasto social, la obra pública en el ámbito rural se erige como una inversión estratégica, un catalizador directo de la competitividad y la rentabilidad de un sector que, según datos del INDEC de 2023, representó más del 60% de las exportaciones totales del país. El debate ya no se centra en la necesidad de estas intervenciones, sino en la eficiencia de su ejecución y la alineación con las demandas de un mercado global cada vez más exigente.
Analizar la historia reciente de la inversión en infraestructura rural revela ciclos de programas ambiciosos con resultados dispares. Entre 2018 y 2022, proyectos como el Plan Nacional de Infraestructura Hídrica y diversas iniciativas de pavimentación de accesos a puertos y zonas productivas mostraron un avance heterogéneo. Mientras que las obras de dragado en la hidrovía Paraná-Paraguay y la mejora de ciertos corredores viales clave (como la Ruta Nacional 34 en tramos estratégicos del norte santafesino y el este salteño) demostraron un impacto directo en la reducción de costos logísticos –estimado en hasta un 15% para los granos en las zonas beneficiadas, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario de 2024–, la vasta red de caminos rurales secundarios y terciarios, que supera los 400.000 kilómetros a nivel nacional, permanece en un estado crítico. Esta deficiencia estructural genera sobrecostos de transporte que, según estimaciones de la Sociedad Rural Argentina, pueden representar entre el 5% y el 10% del precio final del flete para productores de economías regionales, limitando su capacidad exportadora.
Desde una visión de mercado, la carencia de una red energética rural robusta y la brecha digital en el campo también actúan como cuellos de botella. Solo el 45% de los establecimientos agropecuarios cuenta con acceso a banda ancha de calidad, según datos del ENTECOM de 2023, impactando directamente en la adopción de tecnologías de agricultura de precisión y la gestión eficiente de la cadena de valor. La estrategia debe orientarse a un esquema de inversión público-privado que priorice obras con alta rentabilidad social y económica, garantizando la trazabilidad y la transparencia en la asignación de recursos. Es imperativo que la planificación de estas obras responda a métricas de impacto productivo, como la reducción de tiempos de traslado, la optimización del consumo de combustibles y la ampliación del alcance para la electrificación y conectividad, elementos esenciales para que el campo argentino consolide su posición como proveedor global de alimentos y energía.