El capital intangible del conocimiento, históricamente disperso en centros académicos y oficinas gubernamentales, hoy busca anclaje físico. Uruguay, atento a las dinámicas globales que redefinen la interacción entre academia, gobierno y sector productivo, se encuentra en un punto crítico para catalizar la creación de distritos de innovación con impronta pública. La edificación de campus y hubs gestionados por el Estado no es meramente una obra de infraestructura; es una declaración de intenciones sobre dónde se proyecta el futuro productivo y social del país. Este enfoque logístico y estratégico emerge como un pilar fundamental para optimizar la inversión pública, atraer talento y generar sinergias que trasciendan los límites institucionales, marcando un camino hacia una economía del conocimiento más robusta y conectada.
La consolidación de estos ‘polos de saber’ requiere una visión que va más allá del diseño arquitectónico individual. Desde una perspectiva logística, el desafío radica en la articulación de espacios físicos que promuevan la interconectividad. La ubicación estratégica, la conectividad digital de alta velocidad, la infraestructura de transporte eficiente y la proximidad a servicios esenciales son elementos no negociables. Ejemplos internacionales como el 22@ en Barcelona o la East Coast Greenway en Estados Unidos, que si bien no son exclusivamente públicos, demuestran cómo la planificación urbana integral y la inversión en infraestructuras compartidas son cruciales para el éxito de estos ecosistemas. Incluso ciudades como Medellín, con su Ruta N, evidencian cómo el sector público puede ser un motor fundamental en la creación de estos polos.
Para Uruguay, la proyección implica considerar la revalorización de zonas urbanas o periurbanas que permitan la expansión futura y la integración de diferentes instituciones. Pensemos en el establecimiento de un campus tecnológico público en la órbita de Montevideo, quizás extendiendo la lógica del Parque Tecnológico del LATU, o la creación de hubs temáticos en el interior del país, articulados con las universidades regionales o centros de investigación agropecuaria. La visión a 2035 pasa por una red de estos distritos interconectados, funcionando como vasos comunicantes de conocimiento.
La gestión de estos espacios demanda soluciones inteligentes: edificios con flexibilidad para adaptarse a distintas modalidades de trabajo y colaboración, laboratorios modulares, espacios de coworking públicos y facilidades para eventos. La implementación de ‘gemelos digitales’ para la optimización del uso del espacio y la eficiencia energética, así como la integración con plataformas de gestión de datos abiertos, serán vitales. El rol del Estado trasciende la mera provisión de edificios para convertirse en un arquitecto de ecosistemas, un facilitador de encuentros y un gestor de infraestructuras complejas. La inversión inicial, aunque significativa, se justifica en el retorno a largo plazo en términos de diversificación económica, retención de cerebros y posicionamiento del país como un actor relevante en la producción de conocimiento a nivel global. Es una apuesta por el futuro, construida ladrillo a ladrillo, pero con una visión estratégica que abarca kilómetros de redes y megabytes de datos.