El juzgado federal de Venado Tuerto resolvió exigir al Estado nacional que garantice la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 situadas en el departamento General López, ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe. La medida apunta a asegurar la transitabilidad plena y pone el foco en la prolongada falta de mantenimiento detectada en estos corredores viales esenciales.

Orden judicial para la reparación integral de rutas nacionales

La Justicia federal hizo lugar a una acción de amparo contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ordenando que se efectúen reparaciones integrales y urgentes en las tres rutas nacionales que atraviesan el departamento General López. El juzgado calificó la omisión prolongada de mantenimiento como una conducta ilegal y arbitraria, que afecta directamente la seguridad y la transitabilidad vial.

Responsabilidad estatal y adjudicaciones recientes

El juez aclaró que la obligación de mantener y reparar estas rutas es del Estado nacional, tanto si los trabajos los realiza Vialidad Nacional, un organismo sucesor, o las concesionarias privadas actuales o futuras. Esto se subraya en el contexto de las recientes adjudicaciones de la Red Federal de Concesiones: la ruta 33 fue asignada a CPC SA, mientras que las rutas 7 y 8 quedaron bajo responsabilidad de compañías como Creditech SA, Plantel SA, Basaa SA y Cecosa SA. El magistrado indicó que estos cambios contractuales no pueden impedir la ejecución de las reparaciones.

Incumplimientos y situaciones financieras limitantes

Previo a la resolución definitiva, la acción de amparo había impulsado medidas cautelares que obligaban a Vialidad a señalizar zonas deterioradas, establecer desvíos y realizar bacheo. No obstante, el cumplimiento fue insuficiente. En marzo de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad admitió que las tareas en la ruta 33 estaban detenidas por falta de autorización presupuestaria, y que las restricciones financieras dificultaban la conservación mínima requerida. Según el juez, esta falta de acciones configuró una omisión colectiva de varios organismos estatales, extendiendo la responsabilidad más allá de la DNV.