El martes 26 de agosto se realizó la apertura de la oferta económica presentada por Constructora San José para la construcción y operación del nuevo establecimiento penitenciario Cárcel El Arenal en Copiapó. Esta iniciativa está impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y representa una inversión aproximada de 300 millones de dólares. La obra aportará más de 76.000 metros cuadrados al sistema carcelario nacional, con capacidad para albergar a 2.160 personas privadas de libertad.

Detalles de la oferta y calendario del proyecto

La propuesta económica de Constructora San José S.A. Agencia en Chile comprende un Subsidio Fijo a la Construcción (SFC) de UF 500.264 y un Subsidio Fijo a la Operación (SFO) de UF 207.999. La recepción de ofertas técnicas y económicas se efectuó el 29 de julio, y se prevé que las obras comiencen en 2028, con puesta en operación para 2031. Durante la etapa de construcción, el proyecto generará aproximadamente 500 empleos mensuales, fortaleciendo la economía local en la Región de Atacama.

Características del nuevo establecimiento penitenciario

La Cárcel El Arenal será construida en un terreno fiscal a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó, próximo al Aeropuerto Desierto de Atacama. Contará con una superficie total de 76.600 m² y capacidad para 2.160 internos distribuidos en 15 módulos de reclusión. La infraestructura incluirá unidades de salud penal, escuela para internos, talleres industriales, instalaciones deportivas, una central de producción de alimentos, sistemas de generación fotovoltaica y tratamiento de aguas, además de áreas administrativas.

Importancia estratégica y contexto de la concesión

La concesión tendrá una duración de 20 años tras la construcción y abarcará la conservación y operación del establecimiento, que también ofrecerá servicios integrales como alimentación, salud y programas de reinserción social. Según Claudio Soto, director general de Concesiones (s), este proyecto forma parte de un enfoque estratégico para enfrentar el crecimiento de la población penal en Chile, promoviendo la alianza público-privada para acelerar la inversión y mejorar la infraestructura penitenciaria del país.