Un juez federal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) entregar, en un plazo de cinco días, la documentación pendiente vinculada a las obras de la Ruta Nacional N° 5 en el tramo Mercedes-Suipacha, incluyendo la Variante Suipacha. La resolución fue dictada en el marco de una acción fundada en la Ley de Acceso a la Información Pública, iniciada por un abogado particular que había...
Contexto del proyecto
Un juez federal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) entregar, en un plazo de cinco días, la documentación pendiente vinculada a las obras de la Ruta Nacional N° 5 en el tramo Mercedes-Suipacha, incluyendo la Variante Suipacha.
La resolución fue dictada en el marco de una acción fundada en la Ley de Acceso a la Información Pública, iniciada por un abogado particular que había solicitado datos sobre el estado de la obra, su financiamiento y el cumplimiento contractual. Según surge del fallo, la DNV respondió de manera incompleta: remitió enlaces electrónicos que no permitían acceder a la documentación requerida y no acreditó que los contratos fueran consultables en el portal oficial.
Alcance de la obra
El magistrado ordenó al organismo entregar copias de los contratos de obra, los expedientes administrativos relacionados con eventuales incumplimientos o sanciones a las empresas contratistas y, en caso de no existir dichos expedientes, una declaración jurada que lo certifique. Las costas del proceso fueron impuestas al Estado nacional.
La resolución llega en un contexto de paralización de los trabajos. El proyecto, que contempla la duplicación de calzada y obras complementarias de seguridad vial en uno de los corredores más transitados del oeste bonaerense, fue iniciado en la gestión anterior y permanece detenido. En los últimos meses, la empresa contratista retiró maquinaria y redujo personal ante la falta de pagos por parte del Estado nacional, mientras intendentes de la región, legisladores y entidades del sector productivo reclamaron la reactivación de las obras.
Impacto esperado
El fallo reafirma la obligación de los organismos estatales de proveer documentación completa y accesible ante requerimientos ciudadanos, y vuelve a poner en foco una obra considerada estratégica para el transporte y la seguridad vial del corredor.
